por La Unión de Capitanes y Oficiales de Cubierta del Canal de Panamá (UCOC) volvió a manifestar su preocupación por la forma en que la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) está interpretando el fallo de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Según sostuvo Rogelio Marquínez, Secretario General del gremio, la sentencia no habilita descuentos salariales ni recobros retroactivos, sino que ordena reanudar de inmediato la negociación colectiva de buena fe.
En una entrevista con La Estrella de Panamá, Marquínez señaló que la principal novedad tras el fallo judicial es la obligación de volver a sentarse a negociar con la ACP, luego de que la Corte dejara sin efecto una resolución de la Junta de Relaciones Laborales que había dado por estancados los 31 artículos de la convención colectiva. “Para nosotros, el fallo es claro: indica que debemos sentarnos a negociar inmediatamente. Eso es lo que dice textualmente la Corte”, afirmó Marquínez, al referirse al alcance de la decisión judicial.
Según explicó, la interpretación que hace la ACP, que ubica una eventual reanudación de la negociación recién en 2028, no surge del fallo. “Lo que dice la Corte es que debemos sentarnos a negociar de buena fe los asuntos que fueron sometidos en la negociación, y eso debe ocurrir ahora, no dentro de varios años”, remarcó.
Marquínez sostuvo también que los puntos en discusión incluían propuestas orientadas a mejorar condiciones de trabajo que el sindicato considera inseguras, así como ajustes a procedimientos operativos y garantías para los trabajadores. “El estancamiento de los 31 artículos no se dio porque el sindicato se negara a negociar, sino porque la Administración no quiso llegar a acuerdos en temas que buscaban mejorar la operación y la seguridad”, aseguró.
Uno de los focos centrales del conflicto tras el fallo judicial es el anuncio de la ACP de avanzar con un recobro de pagos mediante descuentos salariales escalonados. Sin embargo, el dirigente subrayó que “el fallo no habla en ningún momento de recobro de dinero. Simplemente revoca una decisión y ordena a las partes sentarse a negociar de buena fe. La interpretación de que hay que devolver dinero es únicamente de la Administración”.
Para Marquínez, el pedido de recobro vulnera derechos adquiridos y desconoce principios básicos del derecho laboral. “Los fallos son hacia adelante, no retroactivos. A partir del fallo pueden cambiar las condiciones, pero no se pueden recuperar pagos que se hicieron producto de una decisión válida de la Junta de Relaciones Laborales”, afirmó.
Ante este escenario, el gremio presentó dos amparos de garantías constitucionales ante la Corte Suprema de Justicia, que aún se encuentran pendientes de resolución. El objetivo, explicó el dirigente, es proteger los derechos de los trabajadores mientras se define el alcance real del fallo y la legalidad de los descuentos anunciados.
Asimismo, Marquínez advirtió que avanzar con el recobro podría profundizar el conflicto interno en el Canal de Panamá. “Esperamos que estos cobros no se concreten, porque solo van a profundizar el conflicto y a afectar innecesariamente a los trabajadores”, señaló.
El Secretario General también respondió a los argumentos de la ACP, que sostiene que tanto la administración como los capitanes y oficiales son funcionarios públicos y deben acatar el fallo. “Siempre que el fallo lo diga, se respeta. Pero si el fallo no lo establece, no se puede interpretar de esa manera. Aquí hay derechos adquiridos y la Corte no ordenó ningún recobro”, enfatizó.
Por otro lado, el dirigente recordó que la negociación colectiva entre la UCOC y la ACP se inició en 2019 y se extendió durante varios años sin lograr acuerdos. Durante ese período, se realizaron más de 50 sesiones de negociación, se atravesaron instancias de mediación y finalmente intervino la Junta de Relaciones Laborales, sin que se alcanzara un consenso sobre los artículos propuestos.
En cuanto al fondo de la negociación colectiva, Marquínez reiteró que las funciones de los capitanes y oficiales se ampliaron con la inauguración del Canal ampliado en 2016, lo que implicó mayor carga de trabajo y nuevas responsabilidades que, según el gremio, no fueron compensadas adecuadamente. “Nuestras propuestas iban orientadas a mejorar el debido proceso, la transparencia y la protección del trabajador, incluso en casos de accidentes que quedan sin una resolución clara durante años. Todo eso también buscaba mejorar la operación del Canal de Panamá”, explicó.
Actualmente, la convención colectiva vigente para este grupo corresponde al período 2016-2020 y se encuentra prorrogada de manera automática. Para la UCOC, esta situación refuerza la necesidad de iniciar cuanto antes una nueva negociación que refleje las condiciones actuales de trabajo y permita encauzar el conflicto.
Cuestionamientos a la interpretación legal y al trato institucional
Desde la UCOC señalaron además que la postura adoptada por la Administración del Canal y su Junta Directiva se apoya en lo que describen como una interpretación legal “autocrática y dispar” de las decisiones de la Junta de Relaciones Laborales y de la Corte Suprema de Justicia. Según indicaron, esa lectura ignora principios jurídicos básicos como la legalidad y la irretroactividad de los fallos, y se utiliza como sustento para avanzar en desmejoras graves sobre las condiciones laborales de este grupo de trabajadores.
En ese sentido, desde el gremio calificaron el argumento legal esgrimido por la administración como inédito y caprichoso, y advirtieron que no encuentra respaldo expreso en la sentencia judicial. A su entender, la utilización selectiva del fallo para justificar recortes salariales y desconocer derechos adquiridos responde a una interpretación forzada que no surge del texto de la resolución de la Sala Tercera.
Otro punto que genera preocupación en el sindicato es la falta de respuesta de la Corte Suprema de Justicia a los amparos de garantías constitucionales presentados por la UCOC hace ya varios meses. Remarcaron que este tipo de acciones judiciales requieren una resolución oportuna, dado que su finalidad es la protección inmediata de garantías constitucionales individuales, y advirtieron que la demora prolongada agrava el estado de incertidumbre e indefensión de los trabajadores.
Desde la organización también cuestionaron lo que consideran un trato desigual por parte de la administración y la Junta Directiva del Canal hacia los distintos gremios que conviven en la institución. Según indicaron, mientras con otras unidades negociadoras se alcanzaron acuerdos o se mantuvieron canales de diálogo activos, con la UCOC predomina una actitud selectiva y de inequidad, que el sindicato interpreta como una muestra de mala fe en la relación laboral.
En esa línea, fuentes del gremio señalaron que la conducta de la administración parece responder menos a la aplicación objetiva de las leyes del Canal y del país, y más a decisiones personales o rencillas internas de algunos de sus dirigentes. A su juicio, este enfoque erosiona gravemente la relación laboral y ha dañado la credibilidad del régimen de relaciones de trabajo del Canal de Panamá.
Finalmente, desde la UCOC advirtieron que estas políticas no solo colocan a los trabajadores en una situación de indefensión, sino que también debilitan el rol de los órganos laborales y vacían de contenido los fallos judiciales al ser interpretados de manera discrecional. En ese marco, alertaron que el trasfondo de este conflicto podría estar vinculado a posturas más radicales orientadas a debilitar la organización sindical y a habilitar, en el mediano plazo, procesos de privatización de áreas estratégicas del Canal, como los remolcadores y otros recursos operativos clave.
