La Unión de Capitanes y Oficiales de Cubierta (UCOC) emitió un pronunciamiento público ante la situación crítica que atraviesan los trabajadores del Canal de Panamá, tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia que revocó la Convención Colectiva 12/2024 y la posteriores medidas adoptadas por la Administración del Canal de Panamá (ACP). Durante una conferencia de prensa ofrecida en la sede de la ITF, participaron el secretario general Rogelio Marquínez, el subsecretario Iván de la Guardia, el secretario de comunicación Daniel Camazón, el secretario de finanzas Agustín Ureña, y el asesor legal Roberto Ruiz Díaz.
La UCOC recordó que el proceso de negociación colectiva inició en 2019 y, tras más de tres años de gestiones sin resultados, la Junta de Relaciones Laborales (JRL) resolvió el estancamiento mediante la Decisión 12/2024, emitida el 8 de abril de 2024, la cual dio origen a una nueva convención colectiva vigente desde el 3 de junio de ese mismo año. Aunque la Administración apeló la decisión el 10 de julio de 2024, posteriormente firmó el convenio con la UCOC, el cual comenzó a regir el 4 de agosto de 2024.
No obstante, el 15 de julio de 2025, la Corte Suprema de Justicia revocó dicha decisión, anulando la convención colectiva en vigor. Tras ese fallo, la ACP informó que suspendería los pagos asociados al convenio y ordenó descuentos retroactivos a los salarios de los trabajadores. La medida se aplicó desde el periodo de pago 18 (29 de septiembre de 2025) e incluyó una exigencia a los empleados para escoger modalidades de descuento forzoso (15%, 10% o 7%), sin detallar montos ni conceptos.
En este contexto Rogelio Marquínez insistió: “Estamos frente a una violación abierta al
principio de legalidad. La Administración está imponiendo descuentos arbitrarios sin
desglose, sin respaldo administrativo ni resolución judicial. Los trabajadores están siendo
obligados a devolver salarios legítimamente percibidos.”
Acciones legales de la UCOC
En defensa de sus afiliados, la UCOC presentó un amparo de garantías constitucionales contra la Nota No. CHR-2025-471, emitida por el vicepresidente de Capital Humano de la ACP, Rubén G. Pérez. El sindicato argumenta que dicha nota vulnera derechos fundamentales y desconoce principios básicos del derecho laboral.
Entre los fundamentos principales se destacan:
• Violación del debido proceso: no se permitió a los trabajadores ser escuchados ni presentar
pruebas, y el fallo judicial no ordena la devolución de salarios ya pagados.
• Irrenunciabilidad de derechos laborales: los sueldos devengados bajo una convención
vigente son derechos adquiridos y no pueden desconocerse.
• Afectación al derecho de propiedad privada: la recuperación de salarios constituye una confiscación de bienes legalmente adquiridos.
En ese sentido, Rogelio Marquínez dijo: “Los salarios pagados conforme a una convenció vigente son derechos adquiridos. Pretender su devolución es un atropello jurídico y ético. Hemos interpuesto los recursos legales necesarios ante la Corte Suprema y las autoridades fiscalizadoras del Canal.”
Llamado de atención y preocupación institucional
La UCOC denunció los abusos de autoridad y la extralimitación de funciones por parte de funcionarios de la Administración del Canal, señalando que tanto el administrador como la junta directiva están al tanto de estas actuaciones y se han negado a atender los reclamos del sindicato. El gremio informó que ha notificado al Fiscalizador General del Canal, al Defensor del Pueblo, y ha interpuesto varios recursos judiciales para detener los descuentos ilegales y salvaguardar los derechos de los trabajadores.
Asimismo, la organización expresó su preocupación por las interpretaciones unilaterales de la ACP respecto al fallo judicial, que derivan en medidas sin sustento legal y omiten la obligación de negociar de buena fe. La UCOC solicitó la admisión urgente del amparo, la suspensión provisional de los descuentos y, finalmente, que se conceda el amparo para dejar sin efecto las medidas impuestas.
Advertencia sobre reformas internas y libertades laborales
La Unión manifestó su rechazo a los intentos de la ACP de modificar los Reglamentos de Ética y Conducta, los cuales buscan restringir la libertad de expresión de los trabajadores y prohibirles denunciar abusos o violaciones de derechos. Así para Rogelio Marquínez: ”Estas reformas son una mordaza institucional. Pretenden legalizar la censura y el silencio dentro del Canal. Ningún reglamento puede estar por encima de la Constitución ni utilizarse para coartar el derecho a expresarse y denunciar abusos.” La UCOC reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos laborales, la transparencia institucional y el respeto al marco legal que rige al Canal de Panamá.
Rogelio Marquínez, sostuvo:
“El Canal debe operar bajo el respeto pleno a la Constitución, las leyes y las convenciones
colectivas. No permitiremos que la arbitrariedad y la mala fe destruyan la seguridad jurídica
ni la dignidad de quienes garantizamos el funcionamiento de esta vía estratégica para el país.”
